Amplio rechazo institucional a la reforma laboral por parte de entidades de la abogacía argentina Diversas instituciones y asociaciones representativas de la abogacía argentina han manifestado públicamente su rechazo y profunda preocupación frente al nuevo proyecto de Reforma Laboral, denominado Ley de Modernización Laboral, mediante el cual se propicia la modificación y derogación de múltiples normas de derecho individual, procesal y colectivo del trabajo que consagran las principales garantías y protecciones jurídicas de las personas trabajadoras. Los posicionamientos no se limitan a pronunciamientos políticos, sino que se sustentan en dictámenes técnicos que advierten posibles vulneraciones a la Constitución Nacional, al artículo 14 bis y a tratados internacionales con jerarquía constitucional, particularmente en lo relativo al principio de progresividad, la protección contra el despido arbitrario y las garantías mínimas del trabajo digno. Principales entidades que se han expresado 1. Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)Considerada el principal referente técnico en la materia, ha calificado el proyecto como un “fraude a la Constitución” y un “retroceso histórico”. Sostiene que la figura del “trabajador independiente con colaboradores” encubre relaciones de dependencia y legaliza formas de precarización. Asimismo, denunció ante la OIT que la reforma incumpliría el Convenio 158, que exige causas justificadas y garantías mínimas frente al despido. 2. Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF)Expresó fuertes reparos institucionales, exigiendo que toda modificación se adecúe estrictamente a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales vigentes. Cuestiona la afectación del principio de progresividad y la protección contra el despido arbitrario prevista en el artículo 14 bis. 3. Colegio de Abogados de La Matanza (CALM)Emitió un rechazo institucional absoluto, señalando que la reforma desplaza el riesgo empresario hacia el trabajador y vulnera el concepto de “trabajo digno” garantizado por la Carta Magna. 4. Colegio de Abogados de TucumánSe declaró en estado de alerta y calificó la reforma como inconstitucional, particularmente por la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que podría dejar sin cobertura a los trabajadores ante la falta de nuevos acuerdos. 5. Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)Como entidad que agrupa a 83 colegios del país, advirtió que las reformas generan inseguridad jurídica estructural. Señala que la eliminación de multas por empleo no registrado afecta el financiamiento del sistema de seguridad social y podría incrementar la litigiosidad. 6. Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San LuisA través de su Comisión de Derecho Laboral, cuestionó el impacto de las modificaciones en la tutela efectiva de los derechos del trabajador. 7. Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL)Criticó la reforma por partir de una “premisa falsa” respecto a la generación de empleo genuino. Considera inconstitucional la figura del trabajador independiente con colaboradores, al entender que encubre fraude laboral. 8. Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia SocialCoalición que reúne a cerca de un centenar de organizaciones laboralistas, incluida la Corriente de Abogados/as Laboralistas “7 de Julio”. Ha judicializado artículos vinculados a despidos con causa en contextos de medidas de fuerza. 9. Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProbA)A través de su Comisión de Derecho del Trabajo, calificó como “amnistía ilegítima” la eliminación de sanciones al empleo no registrado, por su impacto negativo en la seguridad social. 10. Colegio de Abogados de Rosario (ColAbro)Su Instituto de Derecho del Trabajo sostuvo que la derogación de multas indemnizatorias por empleo en negro no genera empleo, sino que beneficia a empleadores incumplidores. 11. Colegio de Abogados de AzulDesde su subsede en Olavarría, promovió estrategias de impugnación del nuevo Fondo de Cese Laboral, al considerarlo un mecanismo que desnaturaliza la protección contra el despido arbitrario. 12. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo (AMFJTN)Se declaró en estado de alerta. Sus documentos técnicos advierten que la reforma podría afectar la autonomía del fuero laboral y restringir derechos a través de la imposición de criterios jurisprudenciales limitantes. Un debate jurídico de alcance nacional Además de los pronunciamientos institucionales, jueces del fuero laboral han advertido sobre un posible aumento significativo de la litigiosidad debido a la fragilidad constitucional que, según sostienen, presentan algunos de los ejes centrales de la reforma. Los dictámenes emitidos por estas entidades reflejan un debate jurídico profundo en torno al alcance de las modificaciones propuestas y su compatibilidad con el sistema constitucional argentino, especialmente en materia de derechos sociales, protección del trabajo y garantías frente al despido arbitrario. El rol institucional del Consejo en el debate jurídico nacional En este contexto, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja reafirma su compromiso histórico con la defensa del orden constitucional, la vigencia plena del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Como entidad que nuclea a profesionales del derecho de toda la provincia, el Consejo entiende que toda reforma legislativa —y particularmente aquellas que inciden en derechos sociales esenciales— debe ser objeto de un análisis técnico riguroso, plural y federal, garantizando el respeto del principio de progresividad y evitando retrocesos en materia de tutela del trabajo. El debate abierto en torno a la reforma laboral no solo interpela a los actores políticos y económicos, sino también a la comunidad jurídica en su conjunto. En ese marco, el Consejo considera imprescindible promover espacios de reflexión académica e institucional que permitan analizar el alcance, la constitucionalidad y el impacto práctico de las modificaciones propuestas. La defensa del trabajo digno, la seguridad jurídica y el equilibrio entre las partes de la relación laboral constituyen pilares del sistema constitucional argentino. Desde esa perspectiva, el Consejo continuará acompañando el debate con responsabilidad institucional, aportando mirada técnica y promoviendo el respeto irrestricto de los derechos y garantías que estructuran nuestro orden jurídico.
